GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y CRISIS POLITICA

Miguel Ángel Sandoval (CALDH)

El rasgo mas claro de la ingobernabilidad que existe en Guatemala, pasa por el proceso de desgaste del gobierno del FRG, que va mucho mas allá del fenómeno natural que afecta a los gobiernos en el poder. Se vive en Guatemala una especie de degradación del conjunto de instituciones de gobierno, y desde la visión cotidiana de los ciudadanos, al presidente no se le puede tener confianza, pues cambia de discurso de un día a otro.

Es un hecho grave desde donde se le quiera ver, pues la llamada democracia guatemalteca es presidencialista. (Aunque solo existan los datos formales para considerar el modelo político guatemalteco como democrático). Lo señalado para el presidente vale para el conjunto de funcionarios, donde apenas unos cuantos gozan, todavía, el beneficio de la duda. Pero en ningún caso se puede hablar de confianza hacia alguno de ellos. Es sin duda una situación preocupante.

El origen de la crisis institucional y de manera especial del gobierno eferregista, es el abismo que existe entre las ofertas electorales de campaña y el escaso o nulo cumplimiento de las mismas. Así un partido que hizo de su lema "no robo, no miento, no abuso", es percibido por la gente como un partido que hace todo lo contrario. Roban, mienten, abusan. Y ello es algo que este gobierno se ha ganado a pulso.

Uno de los aspectos que hace falta retener cuando se habla de la relación entre instituciones, gobernabilidad y democracia, es que se trata de algo limitado al ámbito estricto de lo superestructural, esto es, de la política. No hablo en esta ocasión de la relación que hay entre las expectativas no cumplidas en el plano socioeconómico, ni de otros aspectos vinculados a la inseguridad ciudadana.

Se trata, cuando hablamos de gobernabilidad y su relación con las instituciones, de una de las esferas mas estrechamente ligadas a las normas de la democracia y lo que comúnmente se denomina las reglas del juego. Es por ello que en Guatemala la existencia de una situación de ingobernabilidad tiene que ver con el mal funcionamiento de las instituciones, o para decirlo con todas sus letras, con el asalto que el FRG ha hecho de las más diversas instituciones democráticas del país.

Uno de las mayores aseveraciones que se hacen en la actualidad en sectores políticos, académicos y en los medios de comunicación es que en Guatemala asistimos a un proceso de construcción democrática. Y para ello se habla, de acuerdo a quien lo señala, de un golpe fundador en 82, de un proceso electoral en 85 y los que le continúan; así como de la nueva constitución del también del 85 y otras instituciones; o más recientemente, del Serranazo y la solución a ese intento de golpe. Finalmente se dice que con la firma de los Acuerdos de paz, estamos en plena democracia. Desde mi punto de vista, la construcción democrática tendrá lugar solo en el momento en que se impulse en conjunto de los compromisos de la paz. Solo entonces se podrá dar como concluido un proceso de transición entre la guerra y la paz. Antes no es posible pensarlo.

La verdad es que los antecedentes son reales, así como los esfuerzos de avanzar en la construcción democrática. Sin embargo este proceso es en la actualidad un MITO, por el asalto que el FRG ha hecho de la institucionalidad del país, por la manera reiterada en que viola la ley y por la corrupción creciente que vemos de manera cotidiana.

Uno de los rasgos que caracterizan al gobierno del FRG, más allá de la corrupción, es el asalto de las instituciones que ha cometido. El ejecutivo se caracteriza por el cinismo y todas las formas posibles de corrupción. El legislativo por la elaboración de leyes casuísticas y la constante violación del orden constitucional, mientras que las instituciones de control, han sido puntualmente asaltadas, ocupadas y desnaturalizadas.

Es el caso de la Corte de Constitucionalidad cuya mayoría de magistrados responden al partido de gobierno no a su función de organismo de control constitucional. El nuevo tribunal electoral está hecho a la medida del FRG; lo que permite a muchas personas señalar el peligro de fraude electoral; el Fiscal General, recientemente nombrado, tiene antecedentes que lo ubican como un riesgo para esa institución; mientras que el Procurador de la Nación, es defensor de oficio de los diputados implicados en el Guarogate. Un defensor de delincuentes, no puede ser mejor que sus defendidos. Son los hechos.

Es cierto que tenemos todas las instituciones funcionando, pero no se dice que lo hacen muy mal y sobre todo, que lo hacen siguiendo las indicaciones del FRG. Se han alejado de su función legal, y se han constituido en aparatos que sirven al partido de gobierno.

Ahora bien, en cada uno de los casos señalados se puede encontrar con claridad una relación de causa y efecto entre mal funcionamiento institucional y gobernabilidad. Solo como ejemplo está el caso del TSE: la manipulación de una elección da como resultado que se hable de manera inmediata de la posibilidad de fraude electoral y ello nos conduce a expresiones de ingobernabilidad.

No importa si las elecciones deben tener lugar en un año. Es el mensaje que se trasmite. Es el resultado del mal gobierno, de la falta de respeto por la opinión ciudadana, es la expresión de autoritarismo, y en suma, es la fuente generadora de la ingobernabilidad y la imposibilidad de construcción democrática. Y esto que señalo para este caso vale para el resto de instituciones de gobierno y las de control. En resumen, el asalto del FRG a la institucionalidad del país es lo que nos aleja de la construcción democrática y lo que genera en el país ingobernabilidad.

Pero lo más grave de esta situación, es que la misma corresponde a un plan que el FRG ha sistemáticamente impulsado, a ojos vista, y contando con el beneficio de la duda de quienes de manera ingenua o cómplice han creído en los cantos de sirena del diálogo, y los puentes con un gobierno corrupto, cínico, mentiroso.

Es por lo anterior que asistimos en nuestro país a la existencia de una dictadura institucional, y esto lo señalo aún si él termino no es el más exacto como definición pero es el que más se ajusta al asalto de las instituciones que el FRG ha hecho de las instituciones de Guatemala.

La afirmación de que vivimos en una dictadura institucional se debe a que formalmente vivimos en un país democrático, de instituciones, pero en la practica, todas o casi todas, funcionan de acuerdo a las demandas y requerimientos del partido de gobierno y más claramente, al servicio del genocida Ríos Montt, quien actúa como un verdadero dictador.

Si dejamos de vivir en la esquizofrenia nacional, llegamos a una conclusión: Las instituciones democráticas, no existen más que formalmente, con una excepción que no nos deja perder la esperanza de caminar hacia un estado de derecho: me refiero a la corte suprema de justicia, aunque no a todo el sistema judicial de nuestro país.

Como bien se sabe, es normal que un gobernante o partido de gobierno, sufre en el curso de su mandato, desgaste de más diversas maneras. En unos casos por las dificultades para dar cumplimiento a los compromisos establecidos, en otras ocasiones, por la dificultad al no obtener el consenso de las más diversas fuerzas políticas, pero en casos como el guatemalteco, esto se debe entre otros factores, al alto nivel de corrupción que se observa en todos los niveles de la administración publica,

Si se toma en consideración lo anotado en términos de mal funcionamiento institucional, enormes dificultades para la gobernabilidad democrática, y la serie sucesiva de "crisis" y "minicrisis" que constantemente se presentan en el país, se puede llegar a la fácil conclusión que el próximo proceso electoral debe presentarse sumamente complejo, y que a la hora actual, no existe nada definitivo.

El tema de las PAC para señalar uno de los últimos casos de tensión nacional, se inscribe con claridad en un punto que tensiona a las diferentes esferas de la vida política nacional. Es una expresión de la remilitarización del estado y la sociedad; Con su reactivación se borran de manera absolutamente evidente, compromisos de los Acuerdos de Paz y se compromete el ejercicio pleno de los derechos humanos. No es casual por ello, que alrededor del rechazo a la compensación económica de las PAC exista un consenso que abarca desde las víctimas de la violencia, hasta sectores sociales del más diverso signo, la opinión de la prensa nacional, así como al conjunto de partidos políticos, salvo por supuesto, el partido de gobierno.

Otro aspecto de la situación de crisis de gobernabilidad está alrededor de las demandas crecientes de los campesinos que en la actualidad se expresan en ocupaciones de unas 50 fincas, que desde hace ya varios meses no encuentran solución, y los problemas que plantea el desarrollo de la crisis cafetalera que ha dejado ya a unos 350,000 trabajadores sin empleo, 250 fincas embargadas y una conflictividad social que no termina de hacer su aparición en este complejo cuadro nacional.

En resumen, es posible, sin mencionar temas como los que tienen que ver con la crisis económica o la inseguridad ciudadana, que por las practicas de mal gobierno y por el asalto de las diversas instituciones, la practica reiterada de corrupción, las amenazas a los defensores de derechos humanos y el incumplimiento de los compromisos de la paz, que el país conoce una seria crisis de ingobernabilidad.

Finalmente, es importante reflexionar sobre el futuro que espera a cualquier formula política que gane en las próximas elecciones. Tanto por el control que el gobierno actual ha logrado de las instituciones democráticas, y por el sombrío panorama económico que el país tiene por delante. El futuro entonces, es el de una profundización de la ingobernabilidad