DE LA DEMOCRACIA PROCEDIMENTAL A LA DEMOCRACIA COMO IDEAL. LA CONTRIBUCIÓN DE INTERNET PARA ESTRECHAR LA BRECHA.*

El ideal democrático sólo puede reconocerse cuando conjuga lo que son los dos instintos primarios del ser humano en tanto ser social, la libertad y la igualdad. Tal y como plantea el filósofo John Rawls, los individuos, enfrentados a los dilemas de la "posición original" en el imaginario contractualista y bajo el "velo de la ignorancia" del que no sabe cuál va a ser el lugar que ocupará en la sociedad, tenderán a optar por aquel orden social en el que la posibilidad de satisfacer el apetitito de libertad individual siempre vendrá acompañado de una equitativa distribución de oportunidades para el caso que no ocupen las posiciones más deseadas (Rawls, 1971). La firmeza con que es posible sustentar estos argumentos en el debate teórico resulta causa de grandes frustraciones al constatar el abismo existente en su concreción práctica a través de un conjunto de normas e instituciones, los sistemas políticos democráticos. A nadie se le puede escapar que el logro del ideal democrático, tal y como lo hemos planteado, resulta de imposible concreción dado que se basa en la quimera de encontrar en la praxis el equilibrio perfecto entre libertad e igualdad. Pero las frustraciones a las que antes hacíamos mención no surgen de la asunción de esta imposibilidad, sino de la renuncia al anhelo permanente de su búsqueda.

Durante demasiado tiempo nos hemos acomodado a aceptar una concepción minimalista de la democracia como mero procedimiento de organización política de la sociedad. Una concepción que se ajustaba a las necesidades de aquellos que desde la ceguera de la cultura política basada en el autoritarismo y con grandes pretensiones cientificistas otorgaban a la democracia un valor instrumental en tanto permitiera la maximización de uno u otro de sus componentes ideales constitutivos, la libertad o la igualdad. La vulnerabilidad de la democracia a estos usos es bien conocida en todas las latitudes. Pero ya ubicados en la coyuntura actual, lo que ha terminado resultando bastante más peligroso es la actitud conservadora y acomodaticia de una clase política que durante muchos tiempo, y so pretexto de la defensa de los "enemigos externos" de la democracia, ha optado por atrincherarse en la resistencia a aceptar la evolución de las viejas normas e instituciones democráticas ante el temor a la incertidumbre de lo desconocido en que siempre se plantea la realización de la utopía democrática. La injustificada persistencia en estos comportamientos, a pesar de que cada vez resulta menos creíble recurrir a los "enemigos externos", nos conduce irremediablemente a la languidez y debilitamiento interno de nuestras democracias. No resulta necesario recurrir a los socorridos datos de los estudios de opinión pública para constatar que todos los sistemas políticos democráticos, más allá de su nivel de desarrollo institucional, se encuentran hoy aquejados del mal que supone sustentarse en una ciudadanía que tras ser largamente marginada del sano proceso de construcción permanente de la democracia, muestra niveles bastante alarmantes de apatía política. Lo que incluso esta empezando arriesgar la legitimidad de la democracia en tanto procedimiento en la medida que los porcentajes de participación en los distintos comicios electorales apenas bordean el 50%. Todo ello nos permite aseverar, recurriendo a la terminología de Kelsen, que en la actualidad resulta incuestionable la existencia de una amplia brecha entre el pueblo como objeto de poder, conjunto de los actos humanos regidos por la ordenación jurídica del Estado, y el pueblo como sujeto de poder, gobierno del pueblo para el pueblo (Kelsen, 1974). Se puede argumentar que esta brecha es probablemente menor a la que existía hace algunas décadas. Pero, a fin de cuentas, se trata de una brecha que precisa de acciones proactivas para ser aminorada ya que nada nos hace creer que esto vaya a ocurrir de forma automática. Y es que una democracia sin postulados ético-políticos que actúe como guía o punto de referencia desde los que poner en cuestión de forma constante la práctica de sus ideales se encuentra condenada a la deriva. Es una democracia incapaz de regenerarse y adaptarse a los desafíos y oportunidades que se le plantean en cada coyuntura histórica y, por tanto, incapaz de responder a aquellos que tratan de amenazarla. Por este motivo, tal y como apunta Gurutz Jáuregui, resulta preciso revitalizar los sistemas democráticos a fin de evitar que las actuales democracias inermes se conviertan definitivamente en democracias inertes (Jáuregui, 1994).

En este anhelo por reducir la brecha entre la democracia real y la democracia ideal a nadie se le puede escapar la gran contribución que puede llegar a realizar el Internet. En nuestra búsqueda permanente por la utopía democrática, el uso de Internet nos ofrece la oportunidad de ser ciudadanos más libres en una situación de paridad hasta hace poco inimaginable. En una sociedad en la que el poder de sus respectivos actores pasa a ser medido por la capacidad de acceso y procesamiento de la información, la eliminación del imperativo temporal y espacial que suponen el Internet nos permite obviar las desigualdades intrínsecas que traen aparejado el condicionamiento de estos dos factores para la plena realización de nuestra libertad política. Ahora bien, al igual que el Internet puede ser una gran oportunidad para cumplir nuestra aspiración permanente de tener una democracia mejor, también puede suponer un riesgo evidente. La premisa sine qua non para poder ejercer el compromiso cívico-político en la Red es nuestro acceso a ella. Y si bien no cabe desconocer los esfuerzos llevados en los últimos años para acercarnos a la accesibilidad universal a la red en países como Chile, todavía estamos bastante lejos de alcanzar esta meta. Pero estaríamos volviendo a caer en los errores de épocas pretéritas si consideramos que por el simple hecho de contar con la tecnología vamos automáticamente a poder sacar provecho de su potencialidad para los fines que queramos proponernos. Como toda tecnología, el Internet adquiere valor en razón del uso instrumental que de ella hagamos. Y en este sentido, a los gobiernos y, en términos generales, a la clase política le cabe una amplia responsabilidad en la orientación de uso que puede darse al Internet para fortalecer nuestras democracias. Lo que, dada las preferencias y comportamientos que hasta el momento han mostrado con respecto a Internet, nos plantea grandes dudas. Tal y como señala Manuel Castells, los gobiernos de la mayoría de los países han acogido Internet con una actitud esquizofrénica. Por un lado, como icono de modernidad e instrumento de desarrollo. Por otro, con una profunda desconfianza hacia el uso que pueden hacer los ciudadanos de esa potencialidad de libre comunicación horizontal (Castells, 2001). Resulta en gran medida grotesco el deseo que han tenido muchos miembros de la clase política en encarnarse en una especie de "misioneros tecnológicos" para pasar a la historia por haber situado a sus países en la era digital. Son conocidas las anécdotas en las que desde los gobiernos se ha pretendido digitalizar a algunas remotas comunidades antes de que éstas hubieran alcanzado su electrificación. Pero más pernicioso que esta particular forma que han mostrado gobiernos y clase política de entusiasmarse con el Internet es la desconfianza a la que hace mención Castells. Hasta la fecha el grueso de los esfuerzos y recursos por incorporar y asimilar el Internet a la política se orienta a mejorar la gerencia del Estado. Con ello se pretende no sólo mejorar la calidad, gama y accesibilidad de las prestaciones al ciudadano/cliente, sino también conseguir una sensible reducción de costos. Todo ello son, sin duda, objetivos loables. El problema se plantea cuando parece buscarse confinar el uso de Internet en el ámbito de "lo político" a los parámetros restrictivos del modelo gerencialista. Es decir, utilizar Internet para dinamizar las relaciones entre Estado y ciudadanos/clientes a partir de la aceleración y profundización de los flujos de información unidireccionales en la Red o, en el mejor de los casos, flujos de información de doble vía paralela. Si damos por bueno estos límites estaremos desaprovechando la principal virtud intrínseca de Internet como instrumento tecnológico para la democracia, la posibilidad de crear un marco para los flujos discursivos y complejos de información del Estado hacia los ciudadanos, de los ciudadanos hacia el Estado y de éstos entre sí. Lo que, en consonancia con la concepción habermasiana de la democracia, nos impide avanzar en una formación discursiva de la voluntad colectiva (Habermas, 1962). Nos impide contar con las bases que haga posible plantear la existencia de un debate en la esfera pública en la que los distintos actores de la sociedad puedan poner en cuestión permanente el ajuste de su democracia real a su democracia ideal.

La responsabilidad que anteriormente asignábamos a gobierno y clase política en modo alguno significa restar relevancia a la contribución que puede y debe hacer la ciudadanía para la consecución de este propósito. De hecho, la arquitectura libertaria sobre la que se asienta Internet genera expectativas bastante razonables de que cualquier nodo de la Red, más allá de su posición en la realidad no virtual en la sociedad, pueda contribuir de forma significativa a modelar tanto la dirección de los flujos de información como sus contenidos. Lo que se constata, por ejemplo, en el hecho de que los movimientos sociales más transgresores en los últimos tiempos hayan fundamentado su capacidad de acción en el poder de comunicación global que provee Internet.